6 de junio de 2025 - 11:12 PM
Por La Redacción
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó su profunda preocupación por la reciente decisión de la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango de emitir una orden de captura y declarar en rebeldía a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien actualmente se encuentra en condición de exilio forzado debido a amenazas contra su vida.
Satterthwaite señaló que los procesos penales en curso contra Laparra, promovidos a solicitud del Ministerio Público, forman parte de un patrón sistemático de persecución dirigido a operadores de justicia y otras personas que en su momento trabajaron activamente en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
“Renuevo mi llamado a las autoridades a implementar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que insta a realizar una revisión independiente del funcionamiento del Ministerio Público”, subrayó la relatora. En su declaración, también urgió a examinar con celeridad los procesos judiciales que podrían constituir formas de criminalización, así como a garantizar la asignación aleatoria e imparcial de los casos judiciales.
Satterthwaite enfatizó la necesidad de que las juezas y jueces guatemaltecos se sumen a este esfuerzo mediante el análisis riguroso de los casos que pudieran representar una criminalización indebida. Hizo hincapié en que las decisiones judiciales deben respetar el derecho constitucional, así como las normas internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
La situación de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, se ha convertido en un símbolo del retroceso en la lucha contra la corrupción en el país. Diversos organismos nacionales e internacionales han denunciado que su caso representa una forma de represalia por su labor fiscalizadora en años anteriores.
