9 de octubre de 2026 - 7:00 AM
Por La Redacción
Las averiguaciones realizadas por el Ministerio de la Defensa Nacional sobre los hechos ocurridos en Huité, Zacapa, en septiembre, concluyeron y el informe fue entregado al presidente Bernardo Arévalo, quien ordenó trasladarlo al Ministerio Público (MP) para que sea incorporado a la investigación que busca establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan.
En conferencia, Arévalo reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad de Huité, y aseguró que el Estado tiene el compromiso de esclarecer los hechos.
“Mis primeras palabras fueron y seguirán siendo para las familias y para toda la comunidad de Huité. El Estado les debe la verdad y les debe justicia y estamos trabajando para saldar esas deudas”, expresó el mandatario.
El presidente explicó que el informe elaborado por la comisión del Ministerio de la Defensa, cuya investigación había solicitado la semana anterior, sería entregado al juzgado correspondiente y al Ministerio Público.
Según Arévalo, el objetivo es que las autoridades judiciales puedan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
Qué establece el informe de Defensa sobre Huité
El ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, explicó que las averiguaciones internas fueron realizadas por instrucciones del presidente. Además, dicho informe ya le fue entregado al mandatario.
De acuerdo con las conclusiones del documento, el despliegue de personal y vehículos militares hacia el municipio de Huité tenía como propósito instalar puestos de registro y control en los principales accesos al casco urbano.
Saenz señaló que, posteriormente, el personal militar escuchó detonaciones de arma de fuego sin que, en ese momento, se tuviera identificada una amenaza ni se conociera el origen o motivo de los disparos.
Ante esa situación, según lo establecido en el informe, los militares hicieron disparos disuasivos controlados de advertencia, con el argumento de salvaguardar la vida y la integridad física del personal.
El documento también establece que los elementos militares tomaron la decisión de no ingresar a un enfrentamiento armado, con el propósito de evitar un posible escalamiento de la violencia y reducir mayores riesgos.
El ministro enfatizó que estas conclusiones corresponden al informe administrativo realizado dentro de la institución y que será el Ministerio Público el encargado de desarrollar la investigación judicial.
Relevan a dos mandos militares
Como parte de las medidas adoptadas tras los hechos, el Presidente informó que fueron relevados de sus cargos el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez Milián, y el comandante de la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Zacapa, Erwin Constanza Hidalgo.
Arévalo aclaró que estas decisiones tienen carácter administrativo y no constituyen conclusiones judiciales sobre la responsabilidad de las personas involucradas.
Además, se ordenó concentrar en el interior de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa a la unidad militar involucrada en los hechos.
De acuerdo con el ministro Saenz, son 107 elementos los que permanecen concentrados y a disposición del Ministerio Público, junto con su personal, armamento y equipo, para facilitar las diligencias que correspondan.
Todos los soldados que integran la unidad involucrada permanecen dentro de la brigada y la institución garantizará su comparecencia ante las autoridades cuando sean requeridos legalmente.
Informe queda bajo reserva judicial
Arévalo explicó que el informe no está sujeto a reserva por razones de seguridad nacional. Sin embargo, indicó que el documento queda sometido a la reserva judicial que determinen las autoridades correspondientes.
El mandatario también señaló que el Ejército de Guatemala colaborará con las instituciones encargadas de la investigación y que se preservarán los documentos y registros relacionados con los hechos.
Por su parte, Saenz indicó que el mandatario también instruyó realizar los procedimientos administrativos y disciplinarios que correspondan, así como evaluar las medidas administrativas procedentes conforme a la ley, garantizando el derecho de audiencia y defensa.
MP deberá establecer responsabilidades
Con el traslado del informe, la investigación queda ahora en manos de las autoridades competentes para determinar los hechos y establecer, conforme a la evidencia disponible, las responsabilidades que correspondan.
Arévalo insistió en que las medidas administrativas tomadas por el Ejecutivo no representan una conclusión sobre el caso.
“Estas son decisiones administrativas, no las conclusiones judiciales del caso. Corresponde al Ministerio Público establecer los hechos y derivar las responsabilidades correspondientes”, expresó.
