12 de abril de 2026 - 9:45 AM
Por Allan Cardona
Durante el juicio en contra de dos exfuncionarios del sistema penitenciario, salieron a la luz testimonios que evidencian una serie de abusos, extorsiones y negligencias que derivaron en la muerte de un privado de libertad en la Granja Penal de Cantel.
Irma Medina, madre de la víctima, brindó un testimonio desgarrador ante el tribunal, en el que relató que durante la estadía de su hijo en dicho centro carcelario fue víctima de constantes extorsiones, llegando a pagar hasta Q250 mil. Según explicó, los cobros eran exigidos a través de videollamadas en las que otros privados de libertad le mostraban cómo golpeaban a su hijo para presionarla a entregar dinero.
En su declaración, Medina señaló directamente a uno de los acusados como la persona que facilitaba la entrega del dinero, además de indicar que también le exigían objetos desde el negocio familiar del cual son propietarios.
El abogado querellante adhesivo, Carlos Martínez, indicó que los sindicados enfrentaban señalamientos por homicidio por omisión, ya que la víctima fue torturada y asesinada mientras ellos se encontraban a cargo del centro carcelario.
El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango resolvió condenar a Luis Oswaldo Rivera García, quien fungía como director, y a Carmelo Pop Velásquez, alcaide de la Granja Penal Cantel en 2021, a dos años de prisión por el delito de abuso de autoridad, además del pago de Q50 mil de multa cada uno.
Durante la audiencia, ambos aceptaron haber ingresado de forma irregular a la víctima en un sector destinado para privados de libertad ya condenados y considerados de alta peligrosidad, en lugar de ubicarlo en un área preventiva como correspondía. De acuerdo con Martínez, esta acción habría tenido como finalidad presionar y extorsionar a la familia del interno.
La víctima fue identificada como Alan de León Uluan, quien cumplía condena por portación ilegal de arma de fuego y se encontraba a tan solo tres días de recuperar su libertad. Su hermano, Kevin de León, recordó que previo a su muerte fue torturado y que la familia recibió exigencias de grandes sumas de dinero; sin embargo, al no cumplir con los pagos, el interno fue asesinado.
Inicialmente, las autoridades del penal reportaron que el fallecimiento se debió a complicaciones por Covid-19, pero posteriormente pruebas médicas y la necropsia desmintieron esta versión, lo que dio paso a la investigación por homicidio por omisión y encubrimiento.
