19 de mayo de 2026 - 4:00 PM
Por La Redacción
El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango sentenció a Carmelo Pop Velásquez, exalcaide, y a Luis Oswaldo Rivera García, exsubdirector de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Cantel, a 18 años de prisión por el delito de homicidio por comisión por omisión, tras la muerte del reo Allan de León Uluán, ocurrida en el año 2021.
El abogado querellante, Carlos Martínez, comentó: “Se pudo hacer justicia por el fallecimiento de Allan de León, quien guardaba prisión en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Cantel, Quetzaltenango. Posteriormente, fue trasladado a un área de este centro carcelario por parte del exalcaide y el subdirector, situación que generó llamadas de extorsión a los familiares del privado de libertad, llegando a exigir más de 200 mil quetzales. Por no pagar 6 mil quetzales, le quitaron la vida a este hombre, previo a recuperar su libertad”.
“Estos dos trabajadores presentaron ante las autoridades del centro carcelario que la causa de muerte había sido COVID-19; sin embargo, durante la investigación correspondiente se determinó que había sido golpeado hasta causarle la muerte”, comentó Martínez.
Ambos también enfrentaron un proceso legal por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento. Los señalados aceptaron cargos y fueron condenados a cuatro años de prisión por esos delitos.
La madre de la víctima, Irma Uluán, comentó: “Fue un calvario este proceso legal en contra de estas personas, debido a que afectó a mi familia y a mí. Me siento muy contenta con la justicia que ha llegado para mi hijo. Ahora puedo ir a su tumba y decirle que se hizo justicia. Agradezco a la jueza y a mi abogado, que ha estado conmigo”.
“Hago un llamado a denunciar a las personas que exigen dinero para evitar daños a sus familiares. Sí se puede, señoras, padres y amigos de cada reo que está sufriendo este tipo de situaciones, para evitar que nuestros hijos sigan siendo torturados”, comentó Uluán.
Este proceso continúa, ya que se buscará el apoyo de autoridades internacionales para continuar con la erradicación de la problemática conocida como “talacha” dentro de las cárceles de Guatemala.
