9 de febrero de 2026 - 3:29 PM
Por La Redacción
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó este lunes su preocupación por la postulación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras a magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) a través del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac).
La Misión señala que la CC es garante del orden constitucional y del Estado de derecho y toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes y criterios objetivos que refuercen su legitimidad.
Sin embargo, actualmente el CSU no le ha dado cumplimiento a una orden de la propia CC de ser renovada, por lo que “cualquier designación que realice ese órgano se desarrolla en un escenario cuestionado que posteriormente puede causar impugnaciones y tensiones constitucionales”, señaló.
“La Misión ha señalado reiteradamente que la regularización y renovación oportuna del CSU de la USAC es indispensable para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica de la designación que le corresponde ante la CC”, apuntó la Misión.
Criterios de idoneidad y probidad
De acuerdo con la Misión, los procesos de designación de magistradas y magistrados constitucionales deben regirse por criterios de idoneidad, probidad, independencia e integridad, así como por una evaluación pública, objetiva y transparente de las trayectorias y antecedentes de las personas postuladas.
En ese sentido, recordó que la OEA, en diciembre de 2023, adoptó una resolución en el que los Estados miembros expresaron su grave preocupación por las acciones emprendidas por el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, que atentaban contra el orden democrático.
Añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la libertad de expresión, al igual que los mecanismos de la ONU y de organizaciones especializadas han documentado que “bajo el liderazgo de la actual Fiscal General, se ha llevado a cabo un patrón de criminalización contra operadores y operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mediante causas penales cuestionadas, hostigamiento y exilio forzado”.
Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados ha señalado una “política de criminalización” del Ministerio Público, bajo la cual decenas de jueces, fiscales, abogados, periodistas, autoridades indígenas y líderes sociales han sido sometidos a procesos penales, con más de medio centenar obligados a salir del país.
“Por todo ello, la Misión da cuenta que la actual Fiscal General ha sido señalada por actores nacionales e internacionales por presunta obstrucción de investigaciones de corrupción y por socavar la democracia y el Estado de derecho”, apuntó la Misión en un documento.
La Misión hizo énfasis en que no prejuzga la candidatura de Porras, pero exige un escrutinio excepcionalmente riguroso de su postulación, por ser una “persona cuyo ejercicio de la autoridad fue condenado enérgicamente por abuso de poder mediante una resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos”.
