18 de febrero de 2026 - 10:01 AM
Por La Redacción
La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó de oficio una denuncia tras el comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas y adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas a través del Hogar Temporal Elisa Martínez durante el conflicto armado interno en Guatemala, entre 1968 y 1996.
En el informe, los investigadores de la ONU instan a investigar el supuesto involucramiento de funcionarios públicos de ese entonces, incluyendo a la actual fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, a quien ubican durante el período de los hechos como directora del centro.
De acuerdo con lo recogido por los expertos, los niños fueron institucionalizados luego de su captura y desaparición forzada, y posteriormente ingresados a mecanismos de adopciones internacionales ilegales. De esa cuenta, apuntan a Porras como la tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Con esta base, la PGN informó que interpuso la denuncia para que “se realice la investigación que en derecho corresponde y se determinen las acciones legales en contra de quien o quienes resulten responsables de los flagelos que se han denunciado”.
Expertos de la ONU piden investigaciones
El informe emanó del trabajo del área de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas”, manifestaron los expertos.
A la vez, alertaron sobre los procesos dudosos relacionados con las adopciones ilegales, como la falsificación de documentos, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio económico para los intermediarios.
