24 de agosto de 2026 - 1:16 PM
Por La Redacción con información de Allan Cardona
El Ministerio Público (MP) solicitó enviar a juicio a 23 personas vinculadas a una red de distribución de drogas y extorsión que operaba dentro del Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango, así como en las calles de la ciudad altense.
Durante la audiencia de etapa intermedia, la Fiscalía de Narcoactividad presentó los hallazgos de una investigación de 18 meses, la cual reveló que diversas reclusas coordinaban el ingreso de marihuana y cocaína, además de exigir pagos ilegales a las privadas de libertad de nuevo ingreso, con la complicidad de guardias del Sistema Penitenciario.
Dos estructuras criminales identificadas
La Fiscalía reveló que las investigaciones permitieron identificar a dos estructuras criminales.
Una de ellas, denominada "Las Talacheras", operaba directamente en el centro preventivo. Estaba integrada por reclusas, personas particulares y un abogado que funcionaba como enlace.
La investigación de la primera estructura permitió descubrir a la segunda, conocida como "Los Narcoguerra 503". Se trata de una célula de ciudadanos salvadoreños dedicados a la distribución de cocaína en la zona 7 de Quetzaltenango, alrededores de la colonia San Antonio, vinculados al caso a través del abogado implicado en el caso del penal.
Modus operandi y complicidad estatal
Las pesquisas llevadas a cabo por la Fiscalía permitieron determinar que las reclusas amenazaban a las víctimas de nuevo ingreso y proporcionaban cuentas bancarias de cómplices externos, quienes retiraban el dinero de la extorsión y lo entregaban a la red.
La investigación determinó que múltiples guardias del Sistema Penitenciario estaban en contubernio, permitiendo tanto el flujo del dinero de extorsión como el ingreso de los narcóticos sin intervenir.
Más de 350 medios de investigación
La Fiscalía busca que el juez de garantías constitucionales abra el caso a un debate oral y público basándose en aproximadamente 350 medios de investigación. Entre las pruebas destacan grabaciones telefónicas e interceptación de comunicaciones, relatos directos de víctimas de extorsión, seguimientos policiales que documentaron capturas en flagrancia durante la compra de drogas, entre otros.
