17 de febrero de 2026 - 11:43 AM
Por La Redacción
Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron el lunes reciente investigar a la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, por una posible participación en adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca.
Esto lo dio a conocer la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien compartió un pronunciamiento de personas expertas de la entidad internacional, en la que muestran preocupación por la posible participación de Porras en este caso de posibles adopciones ilegales de menores indígenas desaparecidos forzosamente.
La denuncia trascendió el mismo día en que Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser electa magistrada en la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, a través del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Los expertos de la ONU dijeron haber recibido información sobre "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales" tras haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, el cual fue dirigido por Porras en 1982.
De acuerdo con el informe, los menores habrían sufrido desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala, lo cual calificaron de sumamente preocupante.
"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.
Según lo indicado, los expertos pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a Consuelo Porras, actualmente sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia, quien fungió como directora de la entidad y tutora legal de los menores del 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Porras responde a señalamientos
Porras rechazó los señalamientos difundidos por expertos de la ONU y anunció que promoverá acciones ante instancias internacionales para que dichas declaraciones sean revisadas.
En un mensaje dirigido al secretario general de la ONU, la fiscal general afirmó que “rechaza categóricamente” las acusaciones que, según indicó, han sido “falsas y políticamente instrumentalizadas”.
Según expresó, los señalamientos difundidos por la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, carecen de sustento probatorio y son malintencionados. Además, sostuvo que, lejos de proteger los derechos humanos, esas afirmaciones los “vulneran y distorsionan”.
