2 de julio de 2025 - 6:00 PM
Por La Redacción/Con información de DCA
El Senado de Estados Unidos aprobó el plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump, que incluye, de momento, un impuesto del 1 por ciento a las remesas en efectivo que se envían de aquella nación, el cual puede aumentar si los representantes de la Cámara Baja, con mayoría republicana, deciden retomar el 3.5 por ciento que ellos habían decidido.
En una primera reacción al paquete impositivo que recibió 51 votos a favor, incluido el del vicepresidente James David Vance, y 50 en contra, Trump expresó: “Es un gran proyecto de ley. Hay algo para todos y va a funcionar muy bien. De hecho, creo que será más fácil en la Cámara (de Representantes) que en el Senado”.
En Guatemala, ex vicecancilleres y un líder migrante advierten sobre las consecuencias de la decisión y temen que esta obligue a más encierros de compatriotas.
La normativa dotará a las agencias de seguridad el mayor presupuesto en materia de inmigración, el cual se calcula ocho veces mayor que todo lo destinado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y 13 veces superior al de la Administración de Control de Drogas (DEA).
En concreto, la ley contempla más de 64 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70 mil millones para la detención de migrantes, que abarca edificar los centros de detención y el transporte de deportados.
Además, el Gobierno prevé contratar 20 mil agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El laboratorio de ideas conservador CATO predice que, una vez entre en vigor la ley, la cifra de indocumentados detenidos se cuadruplicará: pasará de 50 mil a 200 mil en todo EE. UU.
Pagos y controles
La ley subirá los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, exigirá el pago de 1 mil dólares por solicitar asilo, estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus naciones de origen.
Adicionalmente, el valor por requerir el permiso de trabajo será de 550 dólares, que solo tendrá seis meses de vigencia. Dispone el cobro de 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente, mientras que apelar una resolución judicial migratoria representará 900 dólares (ahora son 110 dólares) y eleva a 500 dólares la solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El estamento legal establece que las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o sin número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal para los hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.
A su vez, se reducirán los fondos federales del programa Medicaid para los Estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal y prohíbe que algunos con estatus legal (quienes tienen visas de trabajo o TPS) accedan a seguros médicos con costos reducidos.
Al ser preguntado por los aproximadamente 11.8 millones que podrían perder el acceso al programa sanitario Medicaid, Trump aseguró que será “una cifra mucho menor” y que solo se recortará el “despilfarro, fraude y abuso” dentro de ese plan.
La Cámara Baja intentará que el decreto quede aprobado inmediatamente, con el fin de que el mandatario estadounidense lo sancione el próximo viernes, cuando se conmemore la independencia de Estados Unidos.
Según la prensa mexicana, si la Cámara de Representantes da luz verde a la normativa, esta se aplicaría a las transferencias realizadas a partir del 31 de diciembre de 2025.
Lo pagaría el titular de la transferencia. No se aplicará si el dinero procede de una cuenta bancaria en Estados Unidos o se efectúa con una tarjeta de crédito o débito emitida en el país. El impuesto queda limitado a las transferencias de dinero en efectivo y en “instrumentos similares”, por ejemplo, un cheque de caja.
Voces de expertos
Gabriel Orellana, excanciller de Guatemala, dice que el tributo representa un “problema a considerar, ya que, desde hace años, la población de guatemaltecos en aquel territorio ha aumentado considerablemente. Quienes tienen familias aquí podrían tener consecuencias económicas muy serias”.
“Este impuesto es un costo que tarde o temprano va a repercutir, no solo en las personas que laboran y reciben, sino en la economía nacional. Pagarlo significa que menos dinero vendrá al país”, añade Orellana.
Ben Monterroso, asesor de Poder Latin X, en Los Ángeles, California, afirma que con esa resolución le “dieron la espalda a la comunidad trabajadora”.
“Los republicanos benefician a los millonarios en contra de la comunidad trabajadora y los más vulnerables”, añade.
“Es un castigo más a la comunidad migrante. La afectan porque tendrán que pagar el impuesto por muy poquito que sea. Es injusto, pues son menos recursos para las familias”, manifiesta Monterroso.
