4 de julio de 2025 - 11:31 AM
Por La Redacción
El diputado Sergio Enríquez, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), protagonizó esta semana una situación polémica en el Congreso de la República, durante una citación a la viceministra del Ministerio de Desarrollo (Mides) Bertha Zapeta, para abordar la situación de los Comedores Solidarios en Sololá.
En un momento de la citación, el congresista le pide a la viceministra que le responda al pueblo de Sololá sobre esta situación. Y ella lo hace, dirigiéndose al pueblo sololateco en idioma k´iche´.
Esto provocó molestia en el diputado que exigió a Zapeta que contestara a la pregunta en idioma español. “Conteste en español por favor. Yo voy a pedir que me traduzcan eso y vamos a sacar un comunicado en el idioma que ella habló para desmentir, no sé qué habrá dicho. Nos viene a mentir aquí en nuestra cara, pero me parece una falta de educación de parte suya”, dijo.
Ante esta situación, el Ejecutivo, a través del secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, expresó su respaldo a la viceministra.
“Lo que enfrentó la viceministra Bertha Zapeta no es un hecho aislado, es un reflejo de un sistema que incomoda cuando se habla en un idioma maya o se usa con dignidad la indumentaria maya en los espacios de poder”, indicó.
Agregó que el presidente Bernardo Arévalo y el Gobierno respaldan plenamente a la viceministra. “El pueblo espera soluciones, no persecución política, no confundamos fiscalización con hostigamiento”, agregó .
Se ha cruzado la línea de control político
En medio de esta situación, Palomo hizo referencia al alto número de citaciones que los funcionarios del Organismo Ejecutivo deben atender en el Congreso.
“En solo año y medio de gestión, el Congreso de la República ha citado a funcionarios del Ejecutivo más de 2 mil 400 veces. 1 mil 538 en 2024, 911 en lo que va de 2025”, indicó.
Agregó que más de la mitad del gabinete se encuentra interpelado, “con llamados de diputados irresponsables que han dicho que van a interpelar a todo el gabinete con el solo objetivo de paralizar la actividad gubernamental”.
“Este exceso ha cruzado la línea de control político legítimo para convertirse en muchos casos en una forma de violencia política, especialmente contra mujeres y pueblos indígenas”, apuntó.
